El TTIP afectará a tus derechos laborales, y mucho.

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En un artículo previo ya hemos hablado de si creará o no empleo el TTIP. Asociada a dicha cuestión está la consideración de cómo será el empleo que se cree, qué características tendrán los contratos de trabajo, y qué derechos laborales mantendrán o perderán los y las trabajadores de las generaciones que tengan que vivir bajo el mandato del tratado, en caso de que entre en vigor en un futuro no muy lejano.

Como nos dice Ignacio Sotelo en su inquietante artículo “La tercera fase del capitalismo”, “El capitalismo financiero se caracteriza por ofrecer cada vez menos empleo, al menos, para la mano de obra no cualificada. Supone un descenso fulminante del nivel de vida, que incluso coloca a muchos al límite de la sobrevivencia. Que los más pobres lo pasen mal no es noticia que sorprenda, ha ocurrido siempre; lo verdaderamente relevante es que ahora la crisis afecta a las clases medias en una medida muy superior a como lo hiciera en crisis anteriores. La cuestión crucial es saber cómo va a reaccionar la ciudadanía ante un desempleo masivo de larga duración.”

También nos cuenta José Amestoy Alonso en “Capitalismo, globalización y TTIP”, que “las facilidades existentes para el comercio también hacen que muchas empresas fabriquen sus bienes en otros países alejados del suyo de origen. Grandes multinacionales producen buena parte de sus bienes en otros países, por eso grandes empresas pueden escoger el lugar del mundo en el que producir les sea más ventajoso. Por otra parte, la posibilidad de instalarse en cualquier país incentiva a las empresas a buscar aquellos países en los que sus costes de producción sean menores. Así buscan los países que menos regulación legal tienen para evitar el incremento de los gastos y aquellos en los que no existen pagos a la seguridad social o los que no permiten que los trabajadores se afilien a sindicatos para defender sus derechos o aquellos en los que pueden trabajar niños. Todo ello reduce el coste salarial. Lo mismo sucede con las leyes de medio ambiente, que obligan a tomar medidas caras para protegerlo. La búsqueda de países en los que esta legislación no exista posibilita la reducción de costes. Del mismo modo ocurre con aquellos territorios en los que las empresas no pagan impuestos sobre los beneficios – los paraísos fiscales -, éstas prefieren instalarse allí ya que de este modo pueden pagar mayores rendimientos a sus accionistas.”

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Continúa Jose Amestoy en su magnífico informe advirtiéndonos de que “esa explotación laboral en los países subdesarrollados está provocando el endurecimiento también de las condiciones de trabajo del mundo desarrollado, perdida de derechos de los trabajadores, precarización de los nuevos contratos de trabajo y reducción creciente de salarios y derechos y la decadencia del Estado del Bienestar, a esto hay que añadir que cada vez es mayor el número de asalariados en el grupo de población situado por debajo de la línea de pobreza; además, la inmigración, sobre todo clandestina, procedente del Tercer Mundo está siendo aprovechada para imponerles las condiciones de vida y de trabajo similares a los del mundo subdesarrollado.”

Para los grandes impulsores de la globalización del capitalismo, cuyo colofón legal son los tratados TPP, TTIP y TISA, las llamadas “barreras no arancelarias” son un neologismo que alude a legislaciones y regulaciones de todo tipo que disminuyan los beneficios empresariales. Entre estas barreras, no cabe duda de que una de las principales es la legislación laboral que salvaguarda los derechos individuales y colectivos de los y las trabajadores.  Dicho simple y llanamente, lo que para la inmensa mayoría de los ciudadanos es un derecho, para una pequeña élite que está deseosa de aumentar su enorme acumulación de riqueza, es un obstáculo al comercio (aunque podríamos sustituirlo por la frase “un obstáculo a a su enriquecimiento”). Y por tanto debe ser eliminado, a ser posible, de manera irreversible.

Los telepredicadores del libre comercio prometen el Nirvana bajo la falsa promesa de que la creación de riqueza se extenderá a toda la sociedad. Pero no hace falta ser un lince para darse cuenta de que esa afirmación se contradice de plano con la misma esencia del capitalismo, cuya sustancia consiste  en la acumulación en pocas manos de los bienes de producción y del capital que los sostiene.

Que uno de los tratados más importantes que ha firmado la Unión Europea en su historia vaya a ser negociado con  EEUU, que sólo han ratificado 2 de los 8 Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debería hacernos reflexionar, y mucho. Porque ello denota que la protección de los derechos de los trabajadores está en dicho territorio al nivel de Brunei o Myanmar, por debajo de países “malditos”en los medios de comunicación de masas como Irán, Corea del Norte, China, Afganistán o Bangladesh, y a años luz de otros como las siempre denostadas Cuba o Venezuela.

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Y dicha ausencia de ratificación no es algo anecdótico o despreciable, pues los citados Convenios aluden a temas tan sensibles como la libertad sindical, el trabajo forzoso, la discriminación laboral, o el trabajo infantil. Ello dice mucho de la mentalidad de los legisladores norteamericanos, y podría interpretarse como una muestra de soberbia frente al resto del mundo, o una aceptación sin reparos de su ideología neoliberal.

No es menos cierto que hay países, entre los que se incluye España, que han ratificado todos los Convenios Fundamentales de la OIT, pero luego algunos de sus más “insignes emprendedores” buscan sortilegios y recovecos, en especial las deslocalizaciones, para eludir su cumplimiento. Ejemplos los hay, y algunos muy significativos, como han puesto de manifiesto trabajos periodísticos de denuncia social.

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Adoración Guamán, una de las voces más autorizadas en nuestro país tanto en materia de Derecho Laboral como del propio TTIP, nos dice que “Dumping social y competencia normativa a la baja son las primeras consecuencias que se prevén del (…) TTIP.” En el Mandato de negociación sobre el tratado que fue hecho público en Octubre de 2014, apenas se hace una mención difusa y genérica a la promoción del trabajo decente y la implementación de los estándares fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, una de las partes negociadoras no ha cumplido hasta la fecha con dichos estándares,  y la otra, con la sucesión de reformas laborales que ha alentado en los últimos años en algunos países especialmente afectados por la crisis, como Grecia, Portugal o España, o la reciente reforma laboral en Francia, cada vez los cumple menos. Por tanto, la credibilidad de aquellas intenciones del mandato negociador es digamos, escasa.

Si bien es cierto que en algunos documentos liberados por la Unión Europea sobre las posiciones defendidas en las diferentes rondas negociadoras, se habla de la promoción de los estándares laborales contemplados por los convenios fundamentales de la OIT,  se trata en definitiva de eso, la postura que la Unión Europea afirma que defendió sobre la mesa de negociación. Sobre la posición de la parte norteamericana, y mucho menos, sobre acuerdos ya consolidados, la UE no ha facilitado información alguna.

En la breve reseña que hizo el negociador principal europeo, Ignacio G. Bercero, tras la 12ª ronda de negociación, simplemente comentó que en dicha ronda la parte norteamericana expuso su visión sobre los aspectos laborales. Pero no especifica nada más.

Y así mismo se hizo público el texto que proponía la UE en materia de Desarrollo sostenible y aspectos laborales. Aunque es cierto que dicho texto intenta promover la aceptación por todas las partes de los Convenios Fundamentales de la OIT, no sabemos nada de cómo reaccionó la parte norteamericana a dicha propuesta.

Sin embargo, en la propia propuesta textual de la UE hay un artículo inquietante, que a mi parecer echa por tierra cualquier buena intención de los artículos previos. Dice textualmente:

“Las partes reconocen que la violación de los principios fundamentales y los derechos en el trabajo no pueden ser invocados o usados como una ventaja comparativa legítima  y que los estándares laborales no deberían ser usados para discriminación arbitraria o injustificable  o propósitos comerciales proteccionistas.”

No sé cómo lo interpretarán los lectores. A mi me suena a que ningún estado podrá alegar el  incumplimiento de los estándares laborales como causa para discriminar una propuesta de inversión concreta. Y ese artículo puede ser recurrentemente invocado en las más que probables demandas ante tribunales ISDS (o ICS como ha decidido llamarlos ahora la Comisión Europea).

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Volviendo al artículo de A. Guamán, nos recuerda que “la firma de un tratado de libre comercio multiplica los supuestos de prestaciones transfronterizas de servicios y de movilidad transnacional de empresas, poniendo en contacto de manera habitual distintos ordenamientos jurídicos laborales y distintos niveles de protección de derechos. Esta situación no plantearía problemas si se dieran dos circunstancias: por un lado, que el tratado incluyera estándares comunes respecto de los derechos laborales (salario mínimo, jornada máxima, derechos colectivos, etc.); por otro lado, y aun sin darse la primera condición, que el tratado incluyera una cláusula de intangibilidad o no regresividad que obligara a los Estados a mantener los niveles laborales inalterados.”

Si ni tan siquiera en la UE se ha cumplido el primer requisito de estandarizar al alza los derechos laborales entre todos sus países miembros, cuesta mucho creer que eso va a suceder entre la UE y EEUU tras el TTIP. De hecho, el escenario más probable es que se incrementen los procesos de dumping social ( estrategia empresarial para abaratar costes sociales trasladando la producción a un Estado con derechos laborales más reducidos) o de competencia normativa (cuando los gobiernos pretenden atraer a empresas extranjeras a través de la reducción de derechos laborales, como salarios inferiores o facilitación del despido).

Como ya vimos en el artículo previo sobre  si “¿Creará o destruirá empleo el TTIP?”, la experiencia previa del NAFTA o de la propia Unión Europea no nos hace ser nada optimistas respecto a que la implantación del TTIP mejore los derechos y condiciones laborales de los y las trabajadores europeos. y particularmente, en los ya de por sí asolados por la crisis países del sur, como el nuestro.

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